Punto de vista del Partido Andalucista de Huelva con respecto a la Política Migratoria

Por considerarlo de interés, reproducimos el siguiente documento redactado por el Comité Provincial de Huelva del Partido Andalucista en el que se sientan bases para mejorar la Política Migratoria

Comisión Ejecutiva Provincial.
PARTIDO ANDALUCISTA.
HUELVA.

BASES PARA UN POSICIONAMIENTO SOBRE UNA PROPUESTA ANDALUCISTA MIGRATORIA

El Secretario de Organización del Partido Andalucista en Huelva, José Manuel Romero, ha desgranado en una nota de prensa los posicionamientos de su partido ante uno de los problemas que en estos momentos mas preocupan a los onubenses: la inmigración.

Según el dirigente andalucista ante la problemática de la inmigración en nuestra tierra andaluza, y conscientes de la necesidad de un control de las entradas, hace falta ver cuál es el grado conveniente, de manera que el flujo de llegadas no haga imposible la integración y pueda ser asumido por el mercado de trabajo, pero tampoco de forma tan restrictiva que el inmigrante se vea abocado inevitablemente a la clandestinidad. Controlar la inmigración no quiere decir que se pueda poner un límite o que se tenga que hacer. Vivimos en sociedades abiertas que no se pueden permitir ni económicamente, ni políticamente, ni quizás demográficamente replegarse sobre sí mismas" (Comisión de las Comunidades Europeas. Políticas de inmigración y de integración social de los inmigrantes en la Comunidad Europea. Memoria de los expertos elaborada a petición de la Comisión, pp. 102).

Hay que tener presentes razones humanitarias y no olvidar la responsabilidad que las sociedades occidentales tienen en la actual distribución de la riqueza, que aboca a una buena parte de la población mundial a considerar la emigración como única salida.

Por ello desde el Partido Andalucista lanza cinco propuestas para mejorar y paliar en lo posible esta problemática causada por el fenómeno migratorio.

1º.- Andalucía tiene que tener las competencias exclusivas en materia laboral de las personas extranjeras en cuanto a los permisos de trabajo, así como los informes e incidencias relativos a la vida laboral de los inmigrantes extranjeros durante su estancia,
Así mismo regulará la residencia temporal de los mismos por cualquier otro motivo y la residencia especial de los estudiantes.

2º.- Conveniar con Andalucía por parte del Estado la actuación ejecutiva de éste, en su competencia exclusiva, con respecto a los permisos de residencia, así como la tramitación de los expedientes aceptación y/o expulsión en su caso, así como los demás procedimientos administrativos en esta materia, como por ejemplo el asilo y el refugio.

3º.- Participación en las decisiones estatales referidas a los flujos migratorios en la Unión Europea así como con terceros países. La Comisión Interministerial de Extranjería debe fijar entre sus prioridades el establecimiento de criterios claros para la concesión del visado, eliminando la discrecionalidad de los agentes consulares. Esta normativa debe valorar la posibilidad de inserción social y laboral y contemplar positivamente el derecho a la reagrupación familiar. Es oportuno que esta Comisión escuchase las diversas fuerzas sociales andaluzas y grupos involucrados en Andalucía a la hora de establecer estos criterios.

4º.- Plenas competencias en la regulación de los flujos migratorios, para que sea Andalucía quien haga la política controlada de los mismos, para su posterior integración integral: creación del concepto de “ciudadanía andaluza”, que además de la adquisición del concepto político conlleva la adquisición del “estatuto del residente permanente” en Andalucía con su carta de derechos y deberes. Al tratar de los derechos civiles de los inmigrantes, una cuestión muy discutida es el tema de la ciudadanía y la nacionalización. Pero hablando de integración más que hacer propuestas sobre cuántos años de residencia deberían ser suficientes para adquirir la nacionalidad, se trata de regular que todo residente legal tenga un estatuto jurídico de "ciudadano andaluz", es decir, de miembro de la sociedad andaluza con todos los derechos y deberes -reales y no sólo de derecho- que esto significa: la estabilidad de su residencia, la reagrupación familiar, el tener en Andalucía un aparato de soporte y no un enemigo, derechos sociales (de igualdad en el trabajo, acceso a la seguridad social y derecho a sus prestaciones, etc.), con la importancia simbólica y psicológica que este estatuto jurídico comporta, incluyendo el ámbito territorial donde viven: Andalucía.

5º.- Creación de la Agencia Andaluza de la Migración que absorba las competencias de los puntos anteriores, y que como organismo autónomo, elimine la actual dispersión de la normativa andaluza(repartida entre las diversas consejerías con competencias actuales en este tema: gobernación, bienestar social, empleo, innovación, etc…) y que además se dedicará a la COHESIÓN SOCIAL con medidas concretas en SANIDAD, EDUCACIÓN, CULTURA y BIENESTAR SOCIAL, haciendo especial hincapié en la eliminación de las zonas de exclusión social, incidiendo en la formación de las mujeres e infancia, así como el acceso a la vivienda, entre otras consideraciones.

Las medidas basadas en la integración y la igualdad más estricta entre inmigrantes y andaluces pueden entrar en conflicto, en la aplicación práctica, con actitudes de desconfianza y hostilidad por parte de agentes de la autoridad, convirtiéndose así en obstáculos para el éxito (Comisiones Europeas. Informe sobre políticas de inmigración de la Comunidad Europea. p. 113).

Estas actitudes de desconfianza y hostilidad se agravan por el desconocimiento, por parte de los inmigrantes, de las costumbres del país y del funcionamiento de las administraciones y de los trámites necesarios en cada caso.

Para que un proceso de integración tenga éxito, el extranjero debe sentirse ciudadano del país donde vive y en este caso conocer ANDALUCIA, disfrutar de los mismos derechos y deberes que un ciudadano andaluz y sentirse protegido y no perseguido por el aparato del Estado.

Para fortalecer la seguridad jurídica de los inmigrantes y también por el sentimiento que genera entre ellos y en la misma sociedad, la administración debe perder este grado de desconfianza y hostilidad hacia el extranjero, sin olvidar que esta hostilidad lleva en la práctica a efectuar controles "faciales", partiendo de rasgos étnicos de las personas y no de sospechas fundadas, lo que supone en sí misma una actitud discriminatoria.