Wenceslao Muñoz critica a su formación por pactar "un reparto de cargos"
Carlos López (Huelva Información)
Treinta días. Ese es el tiempo que han tardado en surgir las primeras fisuras en el acuerdo entre PSOE, PP, IU y PA de sacar del debate público la política hídrica, por lo menos en la comarca de El Condado. La medida tenía por objeto poner fin a la denominada guerra por el agua y brindar la estabilidad institucional.
La decisión del PA de Rociana (donde el PSOE gobierna en minoría) de llevar a Pleno una moción para reclamar una rebaja de las tarifas y en la que critica que el precio se haya triplicado en los últimos cuatro años, sientan un precedente que afecta al acuerdo adoptado por las cuatro fuerzas políticas con mayor representación en la provincia.
El líder del PA de Rociana, Wenceslao Muñoz, ha criticado que su partido haya firmado el acuerdo en MAS, ya que esa propuesta no "beneficia a la ciudadanía e implica únicamente un reparto de cargos". El portavoz andalucista recordó que el agua es un bien de primera necesidad por lo que los poderes públicos deben velar por garantizar su acceso a todos los ciudadanos, cobrando el mínimo.
Muñoz considera que esta filosofía "se ha pervertido" como refrenda el que se tripliquen los precios, a la par que la crisis comienza a causar estragos. El edil recuerda que anteriormente el abono se realizaba de forma trimestral, si bien en 2007 se adoptó la facturación bimensual y, recientemente, se cambió la periodicidad a mensual. Operación con la que paulatinamente se ha ido "enmascarando una progresiva subida que ha derivado en que una familia media, que en 2007 pagaba anualmente 85 euros, desembolse ahora cerca de 260 euros.
La factura del agua, tanto la que gestionan empresas privadas como Aqualia o como Giahsa en el caso de las públicas, se ha incrementado por causas ajenas al servicio, debido al incremento del canon autonómico de la Junta para financiar las nuevas depuradoras. El hecho de que la Mancomunidad pase a pagar a los ayuntamientos por el alquiler de las redes, tal como hacen las empresas privadas bajo la denominación de concesión de servicio, implica que los ciudadanos financien a las corporaciones locales por dos vías: la primera, mediante los impuestos directos e indirectos; y, la segunda, a través de la factura del agua.
Muñoz va más allá y destaca que la clave radica en que "MAS ha atomizado la estructura de personal y cargos políticos con un vicepresidente, un gerente y cuatro vicepresidente" con sus respectivos liberados. Es aquí donde el edil pide que "se aplique la tijera" para que el agua pase a tener un precio acorde al coste del mantenimiento de las infraestructuras y la gestión de un bien natural.
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